LA ACCESIBILIDAD EN LAS TIERRAS, UNA PERSPECTIVA DESDE LA REFORMA AGRARIA DE 1961 A 1974 EN COLOMBIA

Revista Divergencia: Universidad Externado de Colombia

La accesibilidad en las tierras, una perspectiva desde la reforma agraria de 1961 a 1974 en Colombia.

Santiago López Rodríguez,

santiago.lopez02@est.uexternado.edu.co

Xara Lucia Chamorro,

xara.chamorro@est.uexternado.edu.co

Manuel Alejandro Noriega,

manuel.noriega@est.uexternado.edu.co; ‎

Jahnisi Arley Cáceres

jahnisi.caceres@est.uexternado.edu.co; ‎

Introducción 

En la Colombia del Frente Nacional (FN) de 1957-1974 se situaron condiciones políticas, sociales y económicas que en la ruta hacia un pacto bipartidista dieron la necesidad de evaluar los problemas que llevaron a la nación a la época de la Violencia (1946-1958). Dentro de esta, el FN plantea en sus primeros mandatos diferentes políticas que abordaron subsanar las disyuntivas sociales e ideológicos no saldadas en su totalidad con la creación del pacto de Benidorm[1]. Desde la perspectiva de la época se encuentran las luchas agrarias como condición necesaria para zanjar la paz imprescindible en la creación de un Estado fuerte. Entre los cambios propuestos por el FN se encuentra la accesibilidad de la tierra mediante la Reforma agraria o Ley 135 de 1961, que traería la creación y la derogación de nuevas instituciones en el intento de mejorar factores de tenencia de tierra y políticas de tierras.

Es así como la finalidad de este escrito es examinar el impacto de la Reforma Agraria (RA) de 1961 sobre la accesibilidad a la tierra, bajo la premisa de que las relaciones de poder y la ineficiente distribución de la tierra pudieron haber influido en el proceso de desarrollo de la reforma. Evitando el funcionamiento exitoso de la accesibilidad a la tierra por parte de la población.

 La estructura del texto se compone de dos partes. La primera se concentra en la definición de conceptos claves como RA, acceso a la tierra, política de tierras y las relaciones de poder en la tenencia de la tierra. En la segunda parte se analizan los antecedentes a la creación de la reforma, la caracterización de esta en función de la accesibilidad, las medidas que se tomaron y el análisis posterior a la reforma durante el tiempo en que se declaró ley y culmina el FN. Finalmente, se harán unas consideraciones concernientes a la información sustentada.  

Primera parte                                                                                      

Accesibilidad de tierras, Reforma Agraria, Política de Tierras y Desarrollo rural

1.1 Accesibilidad de tierras

La accesibilidad es una concepción intangible de las diferentes interacciones alrededor de la tierra que se han presentado en la humanidad, con la existencia de la propiedad y los medios con los cuales se adquiere o se llega a poseer, mas no se ata necesariamente a la existencia de una propiedad privada individual, sino en la posibilidad de hacer uso en términos agrícolas o de ocupación. Permitiendo en diferentes periodos económicos de la historia variar las formas de acceso a la tierra dependiendo del sistema y relaciones, como en la época feudal con la servidumbre y los señores feudales. Sin embargo, para el periodo a analizar, es necesario definir que resulta ser “accesibilidad a la tierra” en un país enmarcado en el sistema capitalista, donde aparece el derecho de propiedad con connotaciones de despojo y desplazamiento respecto a los individuos y hogares. Entonces se puede definir el acceso a la tierra en términos de la posibilidad que hay de obtener un título respaldado por una autoridad como es el Estado, que brinda las herramientas pertinentes para el debido funcionamiento del derecho de propiedad, además de la posibilidad de adquirir los titulos de propiedad existentes en un mercado de tierras que permita el libre flujo entre los que poseen los títulos y quienes los adquieren.

1.1.2       Reforma Agraria.

La reforma agraria se ha caracterizado por ser un dilema entre la política social y la economica, dando   lugar a la falta de inclusion de poblaciones historicamente segregadas y despojadas por las elites dominantes. Sin embargo, la RA siempre encuentra un lineamiento según su época y lugar, lo que nos obliga a entender cuál es el concepto con el que la Reforma de 1961 consive una reforma agraria. Dorner, en conciliación con las diferentes definiciones de la década del sesenta, acota lo que globalmente se utilizaría en la construcción de Reformas Agrarias en Latinoamérica y Colombia. Definiendola de la siguiente forma: “Toda reforma agraria consiste fundamentalmente en una serie de cambios sustanciales y deliberados en el régimen de tenencia de la tierra, o sea, en la propiedad y control de los recursos de tierra y agua" (como se cita en Centro de memoria historica, 2013).

No debemos olvidar entonces la importancia que tenía para una nación en vías de desarrollar su industrialización en el sector agrario. Para este caso Colombia no lograría librarse de esta variable dado que según Kalmanovitz (2000) el sector agro-cafetero represento el 70,4% del total de las exportaciones en 1970, ya casi nueve años despues de la reforma. Dada la necesidad del sector para la economía colombiana, vemos reflejada la importancia de quien poseía la tierra. Por lo tanto, es necesario definir dentro de la Reforma Agraria (RA) lo que llamamos tenencia de tierra: “Las relaciones legales o tradicionales entre las personas que ejercen derechos sobre el uso de la tierra. El término se utiliza en un sentido amplio para incluir los derechos de todos aquellos que mantienen algún interés en la tierra...” (Centro de memoria historica, 2013).

1.2  Política de tierras

La politica de tierras se sitúa dentro del marco al acceso a la tierra y la RA, como una herramienta que afecta la tenencia de tierra, sin ser por completo el ultimo instrumento que ayude en su redistribución y afectación de las relaciones de poder. Es en cambio “el manejo del recurso tierra y los factores de producción que le son complementarios (agua, capital, medio ambiente), sin llegar a tocar directamente, como objetivo sustancial, las relaciones de poder construidas sobre la tenencia de la tierra” (Centro de memoria historica, 2013), y que por lo tanto fija  sus metas en la construcción de mercados que permitan el uso de los insumos necesarios en la produccion agrícola. Terminando de afectar de alguna u otra manera el acceso a la tierra, debido a la pertinencia de esta politica en el fortalecimiento del poder de los que no cuentan con las capacidades economicas para la producción rentable.

1.3  Desarrollo rural

El desarrollo rural se establece en este ensayo bajo la construcción de un todo con la RA y la politica de tierras. Acercándonos al establecimiento de la conectividad entre desarrollo economico de la nación y el desarrollo rural, que durante el periodo analizado toman relevancia en el mutuo desenvolvimiento, según la situación dada de dependencia del sector agro-cafetero. Para estilizar los parámetros del desarrollo rural en pro del acceso a la tierra podemos asumir la definición López Cordobés:  

"El concepto de desarrollo rural integral (DRI) implicó la definición de objetivos múltiples: crecimiento de la producción y productividad, mejoramiento social y formación de capital físico; implicó también tratar de integrar componentes funcionales desconectados o poco relacionados entre sí, pero que tenían como característica común que todos ellos implicaban inversiones para apoyar el proceso productivo agrícola, para establecer servicios técnicos y sociales y para expandir la infraestructura física y social…” (como se cita en Centro de memoria historica, 2013).

Según lo dicho por López existen diferentes componentes que se anclan al acceso a la tierra como lo son el mejoramiento social traído desde la redistribución y políticas de tierra que cambian las estructuras de poder y permiten un mejor acceso a los terrenos por parte de los minifundistas, destruyendo algunas barreras sociales, económicas y políticas.

Segunda parte

2.1 Antecedentes de las relaciones de poder

Las relaciones de poder se desenvuelven en un contexto difuso para la caracterización de agentes que constituyen dicha interacción, debido a focos especificos entre las relaciones macro que develan una red compleja de interlocutores valanceados entre el dominado y el dominador. Sin embargo, estas serán estudiadas teniendo como base los propósitos que fueron desarrollados en las luchas agrarias del siglo XX. De esta manera, se comenzará abarcando el principal problema con respecto a la accesibilidad de tierra, y luego se estudiará la evolución detallada de su demanda, en el entorno de luchas agrarias.

2.1.1 Demandas de grupos sociales con respecto a las relaciones de poder

El comienzo de las relaciones de poder se constituye en la proporción de propiedad y la condición social generada, que para Gilhodes ha constituido una tradición histórica. La cual se encuentra arraigada en 1910 donde el propietario de la hacienda para mantener a sus trabajadores se encargaba de otórgales un pequeño lote de su latifundio. De esta manera se gestaba una barrera en el acceso a la tierra, y una condición social con posibilidades escasas de ser modificada (1974).

 En 1917 y 1918 se conciben las primeras organizaciones campesinas las cuales demandaban un alza en el salario y una mejora en condiciones de trabajo y de vida. Todo ello se desarrolla bajo un factor fundamental en el que los campesinos no reconocen como legítimos los dominios de los latifundistas. Sin embargo, no paso tiempo considerable hasta que el Estado en 1919 le concede el derecho a la huelga a los trabajadores, y reciben al mismo tiempo un aumento en el salario (Gilhodes, 1974).

 No obstante, los beneficios no fueron satisfactorios y en 1925 surgen nuevos conflictos, esta vez en lo concerniente a los peones cafeteros que demandaban el derecho de plantar café en sus propias parcelas. Derecho que les había sido negado por los latifundistas con el fin de que sus parceleros no constituyeran una competencia con respecto al café. Por otro lado, especialmente en Sumapaz se establecieron colonos los cuales tenían especial interés por colonizar latifundios con el argumento de que eran inexplotados, generando la fundación del Movimiento Agrario de Sumapaz en 1928 (Gilhodes, 1974).

 No fue hasta la represión de la United Fruit Company con la masacre de las bananeras que se constituyo un florero de Llorente, que marca la ruptura del apoyo al gobierno conservador. Motivando el auge de ideologías socialistas que comenzarán a nutrirse en gran medida de estos movimientos sociales en torno al campo. En definitiva, la caracterización de las demandas con respecto al poder, propiedad y condición social corresponderán de manera resumida a:

i.      Exigencias de condiciones de trabajo a las haciendas por parte de los campesinos,

ii.     Disputas de validez de los títulos de propiedad por parte de los colonos,

iii.   y las reclamaciones de propiedad como núcleo de población indígena.

2.1.2 Sosiego de los movimientos agrarios y agitación

Según Gilhodes (1974), al finalizar la republica conservadora comienza el auge de las agitaciones rurales como la de los cafeteros y los colonos. Los primeros comienzan a plantar cafetos en sus parcelas pese a la prohibición de sus terratenientes, y los segundos a colonizar latifundios en Sumapaz. Pero, en 1935 las agitaciones entran en un periodo de calma, debido a que se tomaron en cuenta sus demandas en la agenda de “La Revolución en Marcha” durante el mandato de Alfonso López Pumarejo. Por lo que la ley 200 tiene como elemento fundamental la función social de la tierra, donde surge la postulación de extinción de dominio para aquellos que tengan inmuebles inexplotados durante 10 años, posteriores a la expedición de la ley.

La postura conciliadora adoptada por los movimientos sociales provocópor un tiempo el cese a las agitaciones en el campo. No obstante, en 1938 en el gobierno de Eduardo Santos agregaría a la ley 200 una remuneración a los dueños del latifundio inexplotado, en el caso de la extinción al dominio. Ello conllevó a un renacimiento menos fuerte de la agitación, como lo fueron la colonización por parte de indígenas en la toma de la hacienda del Chaparral en el Tolima, y la huelga de 2000 peones en la hacienda del salitre en Paipa. Dicho renacimiento de las agitaciones fue cada vez menor, porque los movimientos agrarios estuvieron a la espera durante 10 años de la extinción de dominio para los inmuebles inexplotados.

A pesar de que había un consenso implícito de que transcurridos los 10 años el problema de la accesibilidad de las tierras estaria solucionado. Esto nunca llego a pasar, ya que el segundo periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, no tuvo en cuenta al plazo cumplido para la extinción de dominio de baldíos inexplotados. Creando una inconformidad que apoyaría el golpe militar en 1944, fracasando y obligando al gobierno a pronunciarse. Dando como resultado la ley 100, la cual no abarcó en detalle los puntos sobre extinción de dominio, e inclusive aplazó el tiempo requerido a 5 años más.

2.1.3 Preludio del Frente Nacional, una época de Violencia.

La institucionalidad del Estado empieza a perder el vigor que antes poseía. En el periodo presidencial de Mariano Ospina Pérez renace la agitación de los movimientos campesinos que se habían estancado, debido al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Quién representaba buena parte de los intereses por la extinción de dominio prevista en la ley 200 según lo demuestra Gilhodes arguyendo que“Sus votos rurales [de Jorge Eliecer Gaitán] vinieron especialmente de las regiones donde había estado trabajando desde la década del 30: Sumapaz, gran parte del Tolima, una buena parte del Valle y el norte del departamento del Cauca”(1974). Iniciando el periodo de la Violencia desde 1949 a 1958, que se divide en dos etapas. La primera etapa (1949-1953) se caracterizó por la expoliación de territorios indígenas y la apropiación de tierras a menudo con títulos falsificados. Agravando el acceso a las tierras y en especial la condición social de los campesinos, quienes sufrieron una fuerte represión. Lo cual provocaría que gran parte de ellos se sumarán a las filas de la guerrilla, tomando un postura radical frente al Estado, en lugar de continuar con el dialogo.

En 1953 cuando se genera el golpe militar de Estado, Rojas Pinilla en la búsqueda de paz dentro del territorio designa una mesa de dialogo con las guerrillas. Logrando desarmar algunas de ellas. Además, el gobierno se compromete a realizar una reforma agraria, obteniendo resultados positivos que constituyen la pausa del conflicto en el campo.

Al comienzo de la segunda etapa de la Violencia en 1954, con una ola de agitaciones comunistas en Sumapaz, donde el gobierno rompe su línea defensiva con un ejército de entre 10 000 y 15 000 hombres  (Gilhodes, 1974). Este hecho hace que gran parte de las guerrillas migren a territorios menos poblados y que su disposición de dialogo disminuya. Junto a otras estrategias dirigidos por el gobierno, como la de 1956 donde asesinan a 400 campesinos y destruyen sus casas en la cordillera de Calarma. Tales acciones reactivan una segunda ola guerrillera caracterizada por incorporar decenas de miles de campesinos en territorios más pequeños, es decir una guerrilla más concentrada y consolidada.

En conclusión, antes de comenzar el Frente Nacional, los agentes demandantes del campo se encuentran resentidos y con poca disposición al dialogo. Con una postura de combate constituida principalmente por la incredibilidad sembrada por el Estado colombiano durante 20 años. Situación que se puede resumir de la siguiente forma:

i.      Campesinos armados pertenecientes a guerrillas.

ii.     Colonos unidos a movimientos guerrilleros ideológicamente comunistas.

iii.   e indígenas expoliados de sus territorios y algunos de ellos pertenecientes a guerrillas.

2.2 Caracterización de la Reforma Agraria de 1961

 Contexto histórico y social

 En la década de 1960 se experimento una serie de cambios en el sector agrícola colombiano, en materia de tecnificación y producción. Sin embargo, los efectos del modelo agricola implementado conllevarían a problemas sociales que afectarían gravemente a la población campesina. El trasfondo industrial que se establecería después de la segunda guerra mundial junto a intereses políticos internos y externos, además de violencia rural que se venían presentando, serían la motivación para observar cómo necesidad el surgimiento de una reforma agraria en 1961 (Berry, 2002).

 Objetivos, planeación y condiciones

 Con esta reforma se plantean objetivos para la protección, desarrollo, regulación y distribución de los distintos componentes del sector agrario haciendo énfasis en el factor tierra. En base a la necesidad de reformar aquello que estaría obstaculizando su uso social, definido en el proceso de la “Revolución en marcha”. Pretendiendo así, crear empleos, mejorar los servicios públicos, generar las condiciones para un aumento de la productividad y facilitar el acceso a la tierra para los pequeños arrendatarios (Diario Oficial , 1961).

 Surgiendo para este proposito el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) como ente promotor y regulador de los distintos procesos a tratar en el sector rural. Aportando resultados muy poco satisfactorios e inmersos en la controversia, por el mal uso de sus funciones, tales como: administración, adjudicación y colonización de las tierras baldías; creación de programas de redistribución y adjudicación de tierras  para la población campesina; financiación de las necesidades presentadas en la explotación o distribución de los productos agrícolas; otorgamiento de créditos para la creación de empresas comerciales entre distintos agentes económicos interventores que busquen el desarrollo, comercialización y transformación de productos agrícolas (Diario Oficial , 1961).

 De esto, acorde a las directrices aportadas por la RA de  la ley 135 de 1961 el INCORA establecio parametros para el acceso a la tierra, los cuales son:

 i.  La certificación de datos de registro público, títulos de propiedad e incluso de tipo topográfico (Articulo 22).

ii.   Inspecciones de carácter ocular para el control del uso de las tierras (Artículo 24) (Articulo 27).

iii.  La adjudicación de baldíos nacionales deberá ser por ocupación previa y en favor de empresas, personas naturales o cooperativas campesinas con extensiones no mayores a cuatrocientos cincuenta (450) hectáreas (Artículo 29).

iv.   Se declara que el 50% de los pagos que se hagan al INCORA por motivo de adjudicación de baldíos nacionales será destinada a proyectos de desarrollo del municipio donde este se encuentre ubicado (Articulo 32).

v.  Se define un método de pago para las tierras que el instituto venda en zonas de colonización a través de Bonos Agrarios (Articulo 47).

vi.  Y se declara que el INCORA podrá adquirir o expropiar estas para cumplir con una redistribución o dotación de tierras a pequeños arrendatarios y/o campesinos pobres que no posean (Articulo 54).

Institucionalización y acceso   

En contraste con lo establecido a lo largo de la ley 135 de 1961, las decisiones del INCORA desembocarían en altos niveles de concentración de tierras. Una falta clara del cumplimiento de sus funciones principales, al eliminar incentivos al arrendamiento de la tierra. Por el otorgamiento de predios no aptos para la producción, o la obligatoria adquisición de créditos, e incluso procedimientos de carácter corruptivos como la compra de terrenos de baja calidad a precios excesivos, impidiendo el acceso efectivo a la tierra para la población rural en el periodo de 1972, donde solo se habían entregado tierras a 14 mil familias cuando probablemente un millón de estas solicitaban acceder a ellas (como es citado en Berry, 2002).

2.3   Cuáles Fueron los resultados de la Reforma Agraria 1961-1974

La Reforma Agraria presentada mediante la Ley 135 de 1961 se generó bajo un esquema de intervencionismo estatal. Supliendo las necesidades para la modernización del sector agropecuario mediante la implementación de políticas públicas. Dentro de ese marco, el Estado desarrollo créditos subsidiados para disminuir la dificultad de acceder a la propiedad de las tierras por parte de las unidades familiares campesinas. Financiado a través de bonos agrarios expedidos por el Estado y comprados por los propietarios a una tasa de intereses por debajo del mercado, patrocinando a bajo costo las tierras entregadas a los campesinos.

2.3.1 En términos económicos

El INCORA como resultado de la negociación entre las elites Liberales y Conservadoras, trajo consigo una serie de cambios jurídicos que influirían en el manejo económico de los mercados rurales, los derechos de propiedad y la eficiencia en la distribución de las tierras. Que se desglosan a continuacion:

2.3.1.1 Delimitación de mercados rurales

La Ley 135 de 1961, siguió la regla general establecida en el Artículo 12 de la ley 200 de 1934 que constituyó el pilar de la intervención estatal para expropiar o comprar tierras que no cumplieran con el mandato de función social. Adicionando a esto, la función del INCORA como regulador de los procesos sobre los baldíos y de la redistribución de predios expropiados o comprados para la adjudicación de estos a la población campesina. Esta nueva implementación facilitaría el acceso rápido y sencillo a las tierras por parte de la población gracias a la redistribución de terrenos que no estuvieran cumpliendo una función de explotación optima o social. Sin embargo, los procesos de corrupción observados en el aumento de precios en suelos poco productivos, conllevaría a un nivel de dificultad más alto en la adquisición de terrenos incumpliendo su función (como es citado en Berry, 2002).

2.3.1.2 Establecimiento de los derechos de propiedad.

Con respecto a los derechos de propiedad no se preservó la figura de prescripción adquisitiva presentada en el artículo 12 de la ley 200 de 1934. Lo cual generó un cambio en el mercado de accesibilidad a las tierras, ya que, no se permitía la adquisición de los derechos de propiedad por concepto de  explotación en un periodo mínimo de 5 años, de terrenos que se creían baldíos. Esto aumento la dificultad en la accesibilidad a las tierras para las unidades familiares campesinas, debido a que tenian su producción en una predio que se consideraba baldío desde un periodo de tiempo anterior (caso muy común en la época). Entonces, ya no era posible la adquisición de títulos, si no que, debían desocupar esas tierras perdiendo su sustento de vida (Machado, 2009).

2.3.1.3 Eficiencia en la distribución de tierras.

El INCORA fijó unos criterios de clasificación obedeciendo a la ley para proteger las tierras adecuadamente explotadas. Clasificando las tierras en: i. incultas; ii. las inadecuadamente explotadas; iii. los predios explotados por sistemas de arrendatarios y aparceros y iv. las adecuadamente explotadas. La reglamentación dejó a facultad de los administradores la calificación del grado de explotación de los predios. Generando conflictos entre la población y los funcionarios debido a las constantes denuncias de clasificaciones irregulares de tierras. Donde la solicitud de adquisición de un terreno hacía que este fuese  clasificado como inculto sin suficientes diagnósticos y argumentos válidos (como es citado en Berry, 2002). Esta situación deterioro la accesibilidad por parte de la población campesina, generó desplazamientos y destrucción de factores productivos.

2.3.2 En términos políticos

2.3.2.1   Poder y Elites  

El acceso a la tierra a lo largo del periodo 1961-1974 no concluiría en el mejoramiento de este a favor de las poblaciones campesinas y jornaleras debido a las nuevas reglas de juego que implantó la RA, y los intereses de las elites terratenientes. Las cualés convivían fielmente con las nuevas instituciones que les eran convenientes al no preservar el artículo 12 de la ley 200 de 1934, que cambiaba el establecimiento de los derechos de propiedad antes mencionados. En acompañamiento del poder político que conservaban en las instituciones más importantes para el buen desarrollo de la reforma.

El marco político y de intereses por parte de la elite terrateniente es mostrado por la influencia de los sectores más pujantes del agro en aquellos que normalmente poseían el monopolio de la tierra según Julio Silva y Colmenares (1977). Siendo evidente la influencia política y económica que los rodea con ejemplos tales como: i. la familia Holguín en el valle del cauca como parte de la “oligarquía azucarera” dueña del 50% de las extensiones totales de los cañaverales; ii. Rafael Pardo Buelvas exministro del interior y agricultura como parte de los algodoneros y iii. las familias Osorno y Sáenz grandes dueños de los cultivos de cereales y oleaginosas.

Por último, se armoniza la clase política y la Elite terrateniente con Diego Calle Restrepo, liberal beneficiado por la concesión de tierras para silvicultura y los conservadores Miguel Santamaria Dávila y Álvaro Gómez Hurtado como parte del sector ganadero (Silva & Colmenares, 1977).

 En una visión general de las relaciones de poder y la elite respecto a su interés como impulsores de la continuidad en la tenencia del insumo tierra y el sistema de arrendamiento o aparcería se exhibe el aumento de la concentración de los terrenos en pocas manos conociendo que “…las propiedades de más de 500 hectáreas son el 0.7% del total y acaparan el 40.8% de la tierra…” (Silva & Colmenares, 1977). Lo cual demuestra cómo durante el periodo del FN no hubo mejora en la redistribución y adicionalmente sustenta la afectación del acceso a la tierra. Al no demostrarse el aumento de la propiedad rural de pequeño y mediano tamaño, sino más bien un desplome de las cifras según lo mostrado por Julio Silva. 

2.3.2.2 En términos ideológicos.

A partir de 1962 comienza una nueva época de revoluciones armadas con el surgimiento de nuevas ideologías, como en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) “protestando a favor de la revolución cubana” (como es citado en Pécaut, 2003), el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967 vinculados anteriormente con las autodefensas y “muchos de sus fundadores habían surgido primero en las armas en el seno de las organizaciones comunistas” (como es citado en Pécaut, 2003) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966 para responder al surgimiento de otras organizaciones y como prolongación de las “autodefensas campesinas” (Pécaut, 2003). El nacimiento de estas nuevas ideologías transformó la accesibilidad a las tierras en el mercado agrícola colombiano, unas por el uso de un modelo de protección hacia la población campesina y otras como lucha en contra de los abusos de las milicias de los propietarios y la debilidad de un Estado que “brilla por su ausencia” (Pécaut, 2003).

2.3.2.3 Resentimiento social, aumentan las violencias.

Aciertos:

El surgimiento de estos nuevos grupos armados como las FARC generaron presiones militares sobre terratenientes que en muchos casos tuvieron la necesidad de negociar con estas guerrillas ofreciéndoles pagos no monetarios como la tierra para continuar habitando sus propiedades. Y en muchos otros, el desplazamiento de estos, generando una nueva distribución de la tierra que era entregada a los campesinos desplazados, promoviendo un mayor acceso por parte de la población campesina hacia las tierras.

Desaciertos:

La accesibilidad a las tierras se vio afectada por el surgimiento de estos nuevos grupos armados motivados por sus ideologías que como el EPL intentaron borrar cualquier tipo de mentalidad “pequeño burguesa” a través del apoyo hacia las poblaciones que aún se resistían a los dogmas católicos y a las influencias de los partidos políticos tradicionales. Al final logrando cautivar y unir a muchos jóvenes en su causa. Sin embargo, mediante el anuncio de la declaración de “traidor a todo aquel que impidiera el desarrollo de la revolución” (como es citado en Pécaut, 2003) se generaron muchas situaciones de desplazamiento forzado de familias campesinas que no querían involucrarse y el secuestro de muchos jóvenes.

Estas nuevas violencias que invadían los campos colombianos impulsaron reacciones adversas en los líderes políticos que intentaban defender la propiedad de los terratenientes, con la creación del bandidismo independiente. Por medio de milicias que en muchas ocasiones desalojaron familias campesinas de sus tierras, como el caso de Dumar Aljure en el valle del Guayabero (Pécaut, 2003). Esto dificultó la accesibilidad a las tierras en los sectores dominados por estos líderes políticos.

2.4. Conclusiones

En conclusión, las relaciones de poder en el campo caracterizadas por la oposición y confusión de los demandantes del campo desembocarían en una fuerte incredibilidad hacia el Estado Colombiano. Este en su intento de mejorar las condiciones del sector agrario designaría al INCORA como ente regulador y protector. Sin embargo, la institución tomaría decisiones poco eficientes y cuestionables que generarían desaliento a los campesinos que buscaban acceder a las tierras.

En términos económicos la creación de instituciones en pro de la regulación estatal como el INCORA y la expropiación por incumplimiento de la función social, estaban destinadas a facilitar el acceso a la tierra por parte de las unidades agrícolas campesinas. No obstante, los procesos de arbitrariedad y corrupción observados en estas instituciones asignarian calificaciones no congruentes a terrenos para la adquisición, y adicionalmente se observarían aumentos de los precios en predios no productivos. Impidiendo el óptimo desarrollo de estas instituciones y el acceso a las tierras.

Finalmente, en términos ideológicos y de relaciones de poder se observó un aumento en el surgimiento de grupos armados tales como el ELN, EPL y las FARC. Reproduciendo situaciones de presión hacia los terratenientes, que cedieron títulos de propiedad a las familias campesinas en pro de la causa guerrillera. Aunque, también ocasionaron desplazamientos de campesinos que no estaban interesadas en estas ideologías. Dejando claro que  el acceso a la tierra fue favorecido o truncado según sea la etapa de implementacion de la RA y la transición desde el surgimiento al acoplamiento de las guerrillas, en medio de una elite que favorecio el despojo a partir de su poder sobre el Estado y las fuerzas paramilitares.

Referencias

Centro de memoria historica. (2013). LA POLITICA DE REFORMA AGRARIA Y TIERRAS EN COLOMBIA EZBOSO DE UNA MEMORIA INSTITUCIONAL. Bogota D.C: Imprenta Nacional. Recuperado el 20 de Octubre de 2019, de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/agraria/politica-agraria-tierras.pdf

Gilhodes, P. (1974). Las luchas agrarias en Colombia. Bogota D.C. Recuperado el 20 de Septiembre de 2019

Berry, A. (2002). ¿Por qué no han sido exitosas las reformas agrarias en Colombia? Revista de Economia Institucional, 24-70. Recuperado el 20 de Septiembre de 2019

Machado, A. (2009). La reforma rural una deuda social y política. Bogota D.C. Recuperado el 13 de Agosto de 2019

Pécaut, D. (2003). Violencia y politica en Colombia Elementos de Reflexion. Medellin: Hombre Nuevo editores. Recuperado el 20 de Septiembre de 2019

Kalmanovitz, S., & López, E. (s.f.). Banco de la Republica. Recuperado el 21 de Octubre de 2019, de La Agricultura en Colombia entre 1950 y 2000: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra255.pdf

Silva, J., & Colmenares. (1977). Los Verdaderos Dueños del Pais. Bogota D.C: Fondo Editorial Suramerica. Recuperado el 20 de Septiembre de 2019

Diario Oficial . (1961). Ley 135 de 1961. Bogota D.C.

[1] Fue el primer acuerdo firmado entre liberales y conervadores con el proposito de poner fin a la Violencia, con la creacion de un esquema de gobierno donde las dos fuerzas repartian igualitariamente la administracion estatal. Su firma se realizo en la ciudad española de Benidorm el 24 de Julio de 1956 entre el liberar Alberto Lleras Camargo y el conservador Lauriano Gomez.